La enseñanza de los principios democráticos en el sistema educativo español

En la actualidad, la enseñanza de los valores democráticos en el sistema educativo es dependiente de diversos factores. De un lado, de la normativa estatal, que regula los contenidos mínimos y las asignaturas a impartir; De otro lado, la normativa de las Comunidades Autónomas que tienen capacidad para crear sus propias asignaturas y dotarlas de contenido; También por la capacidad de algunos centros educativos para ofertar asignaturas propias, en caso de que cuenten con recursos suficientes; y, por último, depende de la capacidad y motivación del profesor por impartir dichos contenidos.

Además de la diversidad de experiencias docentes que cabe encontrar bajo el esquema anterior, también hay otro elemento a tener en cuenta. La normativa regula que la enseñanza de la “educación cívica y constitucional” se hará de manera transversal. Esto permite la impartición de contenidos en distintas asignaturas y, también, mucha flexibilidad por parte del profesorado, que podrá decidir de acuerdo con las prácticas y guías del centro cómo y cuándo impartirlo, en qué materiales o manuales apoyarse, o cómo evaluarlos, en su caso.

Sin embargo, dicha flexibilidad tiene la contraprestación de no resultar fácilmente rastreable, ni tampoco sencillo contrastar el impacto de la práctica docente. Recientemente, el programa PISA de la OCDE ha incorporado la evaluación de la “competencia global”, que tiene elementos parecidos a la “ciudadanía global” de Naciones Unidas, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.7. Dicho programa se encargará de evaluar los resultados de la formación en principios democráticos. Aprovechando esta creciente sensibilidad internacional por incorporar temáticas de alcance universal para el desarrollo humano, en España se ha promulgado recientemente una nueva ley educativa que incorpora dichos contenidos en una asignatura específica, manteniendo la transversalidad, eso sí.

Es una buena ocasión para que la abogacía pueda desarrollar su Responsabilidad Social Corporativa a través de la educación, contribuyendo a reforzar el sistema educativo. Es digna de mención la existencia de prácticas de este tipo, llevadas a cabo desde hace años por bufetes como Uría Menédez y especialmente Roca&Junyent, quien ha recibido premios por dicha labor.

La labor que puede desempeñar la abogacía en el refuerzo del sistema educativo es muy amplio y dependerá de las necesidades que cada profesor tenga con su grupo de alumnos. A través de probono.es proponemos un encuentro entre los dos colectivos que podrán ofertar clases y recibirlas de manera sencilla, flexible y acordada previamente. El objetivo es cubrir algunas carencias que hemos detectado en las práticas educativas sobre principios y valores democráticos, que resultan unos contenidos poco definidos.

Por ejemplo, en España no hay obligación de enseñar qué es la libertad de expresión (con el riesgo consecuente de no saber qué es la censura). En el curriculo educativo aparece el término como parte del contenido de “Cultura audiovisual II” de 2º de bachillerato explicado en relación a los derechos de los espectadores; en “Valores éticos” como un estándar evaluable y relacionado con los medios de comunicación masiva. Pero no existe un espacio en el que se conceptualice y problematice la libertad de expresión. Esto sucede con más elementos propios de los derechos humanos, y por ende, nuestra percepción sobre la necesidad de explicar estos contenidos en los centros educativos, ya sea en clase, ya sea en las actividades relacionadas que puedan desarrollar.

Puedes buscar más contenidos y carencias en el actual curriculo educativo en nuestro Observatorio de Educación y Democracia.