Lección 2: Los valores democráticos

“La participación libre en un sistema justo para todos”

Esta lección nos sirve para reflexionar acerca de si la Democracia consiste únicamente en un proceso de votación con el que se toman decisiones que nos afectan. Estas decisiones tomadas mediante votación pueden encontrarse en importantes procesos, como el de elaboración de las leyes, o en la vida cotidiana de las personas, como decidir por mayoría qué película ir a ver al cine.

Así, el proceso de votación es esencial para hablar de Democracia pero el mismo está, además, apoyado en unos valores, o reglas (de juego) generales. Estos valores aseguran que la democracia es algo más que un proceso de voto, la democracia es la participación libre en un sistema que es justo para todos. Será necesario deslindar y aclarar los elementos de esta frase para explicar qué es la participación libre y qué es un sistema justo para todos.

Qué es la participación libre

La “participación libre” de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, es uno de los elementos más importantes de la Democracia.

  • Por “participación” se entiende, en general, la capacidad de las personas por influir el resultado final de la toma de decisiones.
    • Esto se produce al inicio del proceso de la toma de decisiones, en el momento de tomar la decisión y tras haberse tomado la decisión.
      • Antes de tomar la decisión, las personas tienen la capacidad de influir en el resultado de la votación. Lo harán gracias al ejercicio de sus derechos de participación. En este sentido, cabe hablar de la libertad de expresión e información, los derechos de asociación, sindicación y huelga, entre otros. De una u otra forma, todas las personas pueden participar en esta fase.
      • En el momento de tomar la decisión, lo que suele ocurrir mediante un proceso de votación. El proceso de votación puede contener reglas que limiten quien vota (sufragio universal), cómo se vota (voto secreto, a mano alzada, etc) y a quien se vota (sufragio activo y pasivo). En cuanto a qué se vota, es más complicado y por eso lo explicamos más adelante.
      • Una vez que la decisión se ha tomado. Ningún sistema jurídico suele permitir la desobediencia de los individuos a las órdenes, salvo en los casos explícitos de objeción de conciencia. En caso de disconformidad con la decisión tomada, siempre se puede realizar la desobediencia civil.
        • La objeción de conciencia supone la desobediencia permitida por el sistema jurídico, por el Derecho.
        • La desobediencia civil, es la desobediencia no permita por el Derecho y, por tanto, castigada. En términos políticos, esto tiene una lectura, especialmente cuando se realiza de forma consciente y masiva por parte de la ciudadanía.
    • La participación está limitada al ámbito público de toma de decisiones. En lo relativo a la participación en la toma de decisiones de las empresas, rigen otros principios.
      • La participación en la toma de decisiones en el seno de las empresas y grandes empresas está muy limitada y no tiene alcance general.
        • De acuerdo con la normativa generalmente encontrada en nuestro entorno, sólo participan en la toma de decisiones de las empresas, sus accionistas, sus trabajadores y sus clientes.
          • Los accionistas ejerciendo control sobre las decisiones de la empresa.
          • Los trabajadores mediante la negociación de sus condiciones de trabajo. En caso de disconformidad, se puede recurrir a la huelga.
          • Los clientes mediante su decisión a la hora de consumir los bienes o servicios de una determinada empresa. En caso de disconformidad, se puede recurrir al boicot comercial, evitando consumir sus bienes o productos e informado a otras personas acerca del por qué.
  • Por “libre” debe entenderse que la participación del individuo y el sentido de la misma, están tomadas por la propia voluntad de la persona, sin que se deba a presiones ni condicionamientos de ningún tipo.
    • La decisión de querer participar tomada de forma autónoma, por la voluntad propia de cada cual, es el principal requerimiento para considerar que la participación es libre.
      • Cada persona es el mejor juez de sus propios intereses.
      • Para fomentar una voluntad autónoma, será preciso que la persona reciba más información (de ahí la importancia de los medios de comunicación), que tenga una mejor capación de comprensión de su entorno y de sus responsabilidades (de ahí la importancia de la educación), que se encuentre en una situación tal que le permita interesarse por el debate público.
    • La voluntad no puede considerarse autónoma y, por tanto, tampoco libre si:
      • La persona participa obligada por otra persona.
      • El sentido de la participación está condicionado por otra persona.
      • El sentido de la participación está condicionado por el propio proceso de toma de decisiones.

Qué es un sistema justo para todos

Los valores democráticos aspiran a que la participación sea libre en un sistema que es justo para todos. Pero ¿Qué es un “sistema justo para todos”? El sistema hace referencia a las reglas del juego, el añadido “justo para todos” tiene que ver tanto con esas reglas como con los efectos de la toma de decisiones bajo esas reglas.

  • Las reglas del juego o las normas que indican cómo y cuando se participa o quién participa en el proceso de toma de decisiones deben agrupar una serie de atributos para considerarse acordes a los valores democráticos.
    • En primer lugar, dichas reglas deben haberse creado a través de un proceso democrático.
      • Si las reglas que indican cómo proceder a la toma de decisiones no se pueden utilizar bien por no ser democráticas o por no estar escritas, entonces se deben emplear algunos principios generales del Derecho: sufragio universal, mayoría de edad, igualdad de voto, información pública y suficiente transparencia sobre las mismas, etc.
      • Las reglas que rigen los procedimientos democráticos en España se contienen en la Constitución española y otras leyes que desarrollan los principios de la Constitución, como los estatutos de autonomía.
      • Este principio se relaciona con el principio de legalidad o “imperio de la ley”.
  • En segundo lugar, dichas reglas deben garantizar la participación de todos las personas que se van a ver afectadas por la norma.
    • Las limitaciones a la participación deben estar descritas por la ley y justificadas debidamente.
      • La minoría de edad, la discapacidad, la nacionalidad o la inscripción en un censo son causas aceptadas de limitación al ejercicio de la capacidad de participar en el proceso. Aunque están firmemente rebatidas suelen ser comunes en las democracias.
      • No son comunes en democracia las limitaciones por razón de sexo, creencias religiosas, nivel económico o educativo.
  • Por último, dichas reglas deben ofrecer una resultados justos para todos. Las decisiones tomadas por mayoría en una democracia no pueden ser desproporcionadas para los receptores de las normas ni beneficiar únicamente a un determinado grupo de personas o de intereses.
    • Los derechos humanos suelen servir de medida de limitación a la toma de decisiones en las democracias. Son un límite que no se puede obviar.
    • En caso de desproporción o desequilibrio de los resultados, la propia democracia debe contar con organismos capaces de corregirlos: son el caso del Tribunal Constitucional, el sistema judicial y, en general, la separación de poderes.

La obediencia a las leyes

En toda sociedad, existe un deber general de obediencia a las leyes. El conjunto de leyes y normas suele estar organizado para asegurar el cumplimiento de los mandatos y la obediencia de los destinatarios a las leyes. Así, en caso de incumplimiento existen sanciones públicas para forzar el cumplimiento de los disconformes y ejemplificar el comportamiento debido. Se trata de mecanismos de cumplimiento para que el propio sistema sea eficaz.

Sin embargo, para el mantenimiento de un sistema político, los mecanismos de cumplimiento son sólo una parte de la eficacia. Por eso se trata de que la obediencia a las leyes sea algo más que una obligación, protegida por una sanción. Hablamos del deber de obediencia a las leyes. Este deber depende de la percepción que los ciudadanos tengan sobre la justicia de las mismas. Pero, además, dependen en buena medida de la forma en la que se hayan elaborado las leyes.

  • En cuanto a la percepción de la justicia de las leyes que tengan los ciudadanos, se trata de una cuestión compleja que va desde lo cultural al interés personal y la situación de cada cual. A cada cual una ley le parecerá justa o no dependiendo de una infinidad de factores.  
    • Pocas leyes cuentan, si acaso, cuentan con el apoyo de toda la población. Estas no son suficientes para regular la convivencia en una sociedad compleja como las actuales.
    • Por eso, se requiere la existencia de algún sistema político con el que todas las personas estén de acuerdo en que deben de producirse y crearse las leyes.
  • Los valores democráticos añaden otro elemento más a lo anterior, en el sentido de que justifica el deber de obediencia a las leyes. Por el hecho de haberse creado la ley a través de la participación libre de la ciudadanía en un sistema justo para todos, la ley obtiene un respaldo moral.
    • Al participar, se aceptan las reglas del juego y el resultado del mismo antes de que este se produzca.
      • Participar y decidir no acatar el resultado una vez se ha producido es injusto.
    • La única forma de que una ley cuente con el respaldo de toda la ciudadanía, es permitiendo que toda la ciudadanía participe en su elaboración y se le de la oportunidad de influir sobre la misma, como hemos visto.
      • Actualmente esto se hace en España a través de los representantes políticos.
      • Actualmente el proceso de participación libre en un sistema justo para todos se encuentra redactado y alcance de todos en la Constitución española de 1978.